El jueves, la Comisión de Comercio de Illinois (ICC) descarriló por unanimidad una solicitud de Peoples Gas para recuperar 134 millones de dólares de fondos previamente negados para su programa de reemplazo de tuberías. Si hubieran aprobado la solicitud, hubiera agregado alrededor de $8 millones al aumento récord de tarifas de $300 millones que la empresa de servicios públicos ya recibió el mes pasado. Los ejecutivos de Peoples Gas amenazaron con eliminar puestos de trabajo y poner en peligro la seguridad pública si los reguladores no aceptaban. El Citizens Utility Board respondió a la decisión tomada por la ICC, emitiendo esta declaración:
A las tres semanas de obtener un aumento de tarifas significativo, Peoples Gas intentó presionar a la ICC para que aumentara los gastos una vez más para sus clientes, fabricando una emergencia falsa. Apreciamos que los reguladores reconocieran estas acciones obvias y protegieran a los consumidores de Chicago (que batallan para pagar por la calefacción), de otro intento de la empresa para confiscarles más dinero.
Peoples Gas colectó ganancias récord por seis años seguidos, y eso fue antes de que obtuviera su aumento de tarifas récord el mes pasado. Ninguna empresa que haya acumulado una fortuna tan grande debería amenazar con descuidar la seguridad pública y despedir a los trabajadores. Si Peoples Gas continúa poniendo en peligro los puestos de trabajo como una forma de extorsión política, las uniones que representan a los empleados de la empresa deberían culpar a Peoples Gas, no a los reguladores estatales encargados de responsabilizar.
Durante la última década, las familias de Chicago han estado sufriendo una crisis de asequibilidad a la calefacción, ya que las facturas de People Gas se dispararon para pagar el costoso programa de reemplazo de tuberías. Los clientes de Peoples Gas pagan un promedio de $50 en costos fijos mensuales antes de encender la calefacción o la estufa. A casi 200,000 hogares se les ha cobrado un cargo por pago atrasado, y 160,000 familias se han atrasado en los pagos por más de 30 días.
A pesar de la locura, la ICC hizo lo correcto cuando impuso una moratoria sobre el reemplazo de tuberías que no era de emergencia, a la espera de una mayor investigación. Sin embargo, Peoples Gas respondió sacrificando el bienestar de sus trabajadores y de la seguridad pública para obligar a los clientes con problemas financieros que paguen más. Instamos a los reguladores, a los legisladores, y al público, a que sigan manteniéndose firmes y resistan los cínicos intentos de poner a los trabajadores de la empresa en contra de los clientes, cuando es obvio que ambos son víctimas de la empresa.